COMUNICADO Frente Cívico “Somos Mayoría” Sobre el auto de la Audiencia Provincial de Palma del 7 de noviembre de 2014 en el “Caso Nóos”

COMUNICADO Frente Cívico “Somos Mayoría”

Sobre el auto de la Audiencia Provincial de Palma del 7 de noviembre de 2014 en el “Caso Nóos”

El Frente Cívico “Somos Mayoría” (FCSM), a través del grupo de juristas y profesionales del derecho que conforman el Frente Cívico Jurídico, a leído con sumo interés el auto de la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Palma, que resuelve los recursos presentados contra el auto del juez Castro.

En primer lugar, consideramos necesario remarcar que los acontecimientos y las resoluciones confirman lo oportuno de la decisión de Frente Cívico de intervenir en el “Caso Nóos”, motivada por el afán de contribuir a la defensa del estado de derecho y la igualdad ante la ley. Desgraciadamente, la actuación conjunta de la otra acusación y del fiscal nos llevó fuera del procedimiento, al conseguir que la Audiencia Provincial de Palma nos colocase en una posición procesal virtualmente inoperante.

Sin embargo, es ahora la propia Audiencia la que en su resolución del pasado jueves reconoce en el procedimiento hechos realmente curiosos, aunque ya no podamos decir de ellos que sean sorprendentes. El tribunal deja constancia, al rechazar parte de las tesis del fiscal Pedro Horrach en el recurso de apelación contra el auto del juez Castro, la coincidencia entre las sostenidas por éste y las de la defensa de la hermana del Rey, Cristina de Borbón. La Audiencia insiste en la incoherencia de la interposición por la Fiscalía del recurso de apelación que se resolvía, contra el auto de pase a procedimiento abreviado, cuando se trata de una facultad para la que estarían legitimados sólo las defensa, llegando a comparar su actitud con la de la Abogacía del Estado, que se limitó a manifestar que no acusaría a la hermana del Rey.

Tras este auto, la Audiencia deja la pelota del futuro procesal de Cristina de Borbón en el tejado del Juez Castro recordando la posibilidad, que no obligación ya que es facultativa, de la aplicación a su caso de la llamada doctrina Botín, que le permitiría librarse de ser juzgada por la acusación que se mantiene, de delito fiscal, al sólo estar siendo sostenida esa posición por una acusación popular, ya que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han hecho rechazado dirigir acusación contra ella.

Entendemos que este auto refuerza nuestra denuncia de que, por parte del entramado jurídico empeñado en el sostenimiento del régimen agonizante, se han desplegado todos los medios posibles para proteger el futuro jurídico de la hermana del Rey. Hacienda hace dejación de la persecución de delitos fiscales, la Fiscalía y la Abogacía del Estado renuncian en el caso particular de esta persona al cumplimiento de sus funciones, asumiendo la fiscalía funciones de defensa de una encausada. Todos los acontecimientos evidencian que la gastadísima letanía de la “justicia igual para todos” a que se recurre desde las más altas instancias del poder, el gobierno y la corona, sólo tiene eco en los medios de comunicación más lacayos y cortesanos, puesto que aceptar estas tesis es arrastrar los restos de su precario prestigio por el fango de la indignidad.

Como tantas veces antes, nos reafirmamos en la confianza que mantenemos en la fuerza, el rigor y el tesón del Juez instructor, José Castro, sabedores de que el testimonio de honestidad y valentía de un verdadero servidor público nos ha de servir de guía en la interminable lucha contra la desigualdad y la injusticia.

Comunicado Comisión Jurídica Marchas 22M

COMUNICADO A LEER EN LA RUEDA DE PRENSA
Comisión Jurídica Marchas 22M.
El pasado sábado 22 de marzo, las Marchas de la Dignidad congregaron a más de un millón de
personas, colectivos y pueblos de todas partes del estado que salieron a la calle reclamando
una vida digna, trabajo, casa, servicios públicos para todos y todas y el no al pago de una
deuda ilegítima.
En las semanas previas a la manifestación se realizaron varias reuniones con Delegación del
Gobierno en Madrid, con el fin de que las marchas se desarrollaran sin incidentes, tanto
durante los tramos desde los diversos puntos del Estado como a la entrada en Madrid, así
como durante el día 22 de marzo. El equipo jurídico de las Marchas considera que la actitud
de los organizadores muestra una absoluta colaboración con la Delegación del Gobierno,
poniendo de manifiesto el evidente interés de los organizadores en que las marchas se
realizaran sin problema alguno, al amparo de lo establecido en los Arts. 20 (libertad de
expresión), 21 (derecho de manifestación) y 23 (derecho a participar en los asuntos públicos)
de la Constitución.
Sin embargo, con anterioridad al 22 de Marzo tanto la delegada del Gobierno en Madrid como
el Presidente de esta comunidad autónoma han venido efectuando manifestaciones públicas
degradantes e injuriosas respecto de las personas que se movilizarían en a Madrid el día 22M,
interfiriendo claramente en el derecho de manifestación recogido en nuestra constitución
y en el derecho al honor protegido en el Art. 18 CE, al equiparar a los manifestantes con
alborotadores y nazis. Desde el viernes 21 de marzo las fuerzas de seguridad del estado
retuvieron injustificadamente más de 100 autobuses que se desplazaban a Madrid para
participar en la manifestación, efectuando identificaciones y registros indiscriminados sin
existir motivo alguno para ello, vulnerando el derecho a la intimidad y a la no injerencia de
la autoridad pública en la vida privada de las personas (Art.18 CE y Art. 8 CEDH). La comisión
legal 22M considera este tipo de actuaciones como una intimidación contra las personas
que acudían a ejercer su derecho a manifestarse, y sin que existiese circunstancia alguna que
justificase dicha disuasión frente al ejercicio de un derecho fundamental.
El sábado 22 la masiva manifestación transcurrió con absoluta calma, tranquilidad y civismo,
asegurando en todo momento los organizadores el respeto en los recorridos de todos cuanto
participaban en ella.
Este servicio jurídico, a la vista de las distintas declaraciones de asistentes a la manifestación,
organizadores, periodistas que cubrían el acto final, e incluso de los detenidos, hemos podido
verificar que sin existir motivo racional, en torno a las 20.40 horas del sábado 22 de marzo,
aproximadamente, unidades de policías antidisturbios irrumpieron en la Plaza de Colon, pese
a las advertencias de los organizadores y la gran congregación de personas, y efectuaron
varias cargas –sin advertencia previa- contra quienes se encontraban en el lugar atendiendo
al acto de clausura que se estaba realizando en el escenario situado en los jardines de Colon.
La totalidad de personas que se encontraban en la Plaza de Colon en ese momento mantenían
una actitud tranquila y pacífica, al igual que había ocurrido durante la manifestación. Esta actuación, además de vulnerar la normativa aplicable a los cuerpos y fuerzas de seguridad
del estado, es claramente contraria al Código de conducta para funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley, Adoptado por la Asamblea General en su resolución 34/169, de 17 de
diciembre de 1979, artículos 2 y 3, así como los principios 12, 13 y 14 de los Principios Básicos
sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer
Cumplir la Ley, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención
del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al
7 de septiembre de 1990. A su vez, los responsables de dicha intervención policial podrían ser
penalmente sancionados en virtud de lo establecido en los Art. 540 y 542 del Código Penal.
Los fallos en el dispositivo policial fueron evidentes desde antes de las primeras cargas en
Colón. La actuación policial posterior fue dirigida de forma indiscriminada y brutal contra el
conjunto de manifestantes, dejando un saldo de lesionados que no coincide con la versión de
los hechos difundidas por los responsables policiales: un total de 108 personas fueron asistidas
por los servicios sanitarios con heridas de considerable gravedad -es decir, la mayoría de las
personas heridas fueron los asistentes a la manifestación-; incluidos al menos 2 fotógrafos
heridos, una persona que ha perdido un testículo como consecuencia del impacto de una
pelota de goma y otra que ha estado cerca de perder un ojo por el mismo motivo; a pesar
de la insistencia de los sindicatos policiales en que no se les permitió el uso de material
antidisturbios, se utilizaron gases lacrimógenos -inusuales en movilizaciones sociales en la
ciudad de Madrid- por primera vez desde hace dos años mientras el uso de pelotas de goma -
recordamos, prohibidas en la mayor parte de la Unión Europea- fue abundante y lesivo.
Mostramos especial preocupación por la difusión masiva en los medios de comunicación,
a iniciativa de mandos policiales y gubernamentales, de supuestas armas incautadas a los
manifestantes –“muleta espada” y rodamientos- respecto a las cuales el pasado martes 25
de marzo se reconoció por las autoridades que correspondían a incautaciones efectuadas en
anteriores intervenciones policiales en absoluto relacionadas con las Marchas de la Dignidad,
lo que parece poner de manifiesto la existencia de un plan preconcebido para criminalizar
a las personas que por cientos de miles se manifestaron el pasado día 22M. Esperamos que
se adopten las medidas disciplinarias correspondientes respecto a los funcionarios que han
difundido de forma torticera esta grave información falsa.
Según los datos de que dispone esta comisión, un total de 21 personas resultaron detenidas en
las cargas de ese día, 2 de ellas menores de edad. Una persona más fue detenida el día 23 de
marzo tras la concentración en Madrid reclamando la libertad de los detenidos. Gran parte de
ellas sufrieron lesiones durante la detención. No es correcto mantener que una detención
conlleva golpes y reducciones violentas bajo el amparo de la "mínima fuerza imprescindible"
por parte de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Varias de las personas detenidas, lo
fueron en el acceso al metro y fueron trasladadas esposadas en transporte público, a la vista
de los pasajeros, lo que significa trato humillante y vejatorio al detenido. Otras lo fueron en la
vía pública, siendo obligadas a correr, a modo de castigo, aleatoriamente de un lugar a otro
mientras permanecían esposadas, lo que igualmente supone un trato degradante y vejatorio.
La práctica totalidad de los hombres detenidos denunciaron haber sido obligadas a
permanecer hasta 7 horas de pie con los brazos en alto, haber sufrido cambios de temperatura
bruscos e intencionados y privación de comida y agua y de la posibilidad de acudir al baño durante las primeras 24 horas, lo que parece acreditar la existencia de un plan sistemático de
efectuar malos tratos a estos detenidos. A las mujeres detenidas se les negó el acceso a
medicamentos y material higiénico necesario (una práctica no solo degradante sino
especialmente discriminatoria), lo cual resulta especialmente grave respecto a personas
detenidas diagnosticadas con enfermedades crónicas, a las que se les retrasó el acceso a
medicación imprescindible para su tratamiento. También hemos constatado obstaculización a
la asistencia de letrados libremente designados, hecho tipificado como delito en el Art. 537 CP.
Estos hechos conculcan la proscripción de sufrir tratos inhumanos y degradantes establecida
en el Art. 15 de la C.E., así como los principios 1, 2, 3 y 6 del Conjunto de Principios para
la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión,
Adoptado por la Asamblea General en su resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988.
Igualmente los anteriores hechos podrían ser constitutivos de un delito de tortura y malos
tratos previstos en los artículos 173 y ss del Código Penal. Recordamos que con anterioridad
a estos hechos, el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa había emitido un
duro informe contra el Estado Español denunciando la práctica "no esporádica" de malos
tratos por parte de FCSE a manifestantes, lo que supone una práctica policial intolerable e
impropia de un Estado de Derecho.
Esta comisión jurídica ha recibido igualmente denuncias de familiares de personas detenidas
que acudieron a la comisaría de Moratalaz a interesarse por las mismas, y que tuvieron que
soportar insultos por parte de agentes de paisano que salieron de la propia comisaría en
actitud intimidatoria. También hemos constatado que uno de los letrados defensores recibió
amenazas y gritos por recomendar a un detenido que no declarara.
A juicio de esta comisión jurídica, las actuaciones antes relatadas podrían perseguir generar
una imagen de peligrosidad social de los manifestantes, equiparándolos a "enemigos" de
la sociedad, para así justificar las reformas legislativas recientemente anunciadas (Ley de
Seguridad Ciudadana y Código Penal).
Únicamente tres de las 21 personas detenidas el día 22 fueron objeto de petición de medidas
cautelares (en concreto, prisión preventiva) por parte de la fiscalía. Esta petición se ha vuelto
a repetir con un cuarto detenido un día después, acusado de los mismos hechos, medidas
que solo se han acordado finalmente respecto a uno de los detenidos, poniéndose así de
manifiesto la desproporcionada actuación policial durante la manifestación, especialmente a
partir de las 20.40 horas del día 22 en la Plaza de Colon.
La única persona que a consecuencia de los anteriores hechos se encuentra en la actualidad
en prisión preventiva ha visto rebajada la calificación inicial de los hechos imputados a un
delito de lesiones, no existiendo ningún cargo por intento de homicidio contra ninguno de
los manifestantes detenidos. Pese a ello, la Delegación de Gobierno ha vuelto a redoblar la
campaña mediática, pidiendo nuevamente una modificación de los delitos que se le imputan;
una nueva muestra del escaso respeto a la separación de poderes de la que suele hacer
gala el actual gobierno, signo de preocupante deterioro democrático. No podemos dejar de
señalar que una persona se encuentra en estos momentos privada de libertad, sin que se haya
acreditado en ningún momento su participación en los hechos o las manifestaciones que el
atestado policial le atribuye. Mantendremos todos los esfuerzos jurídicos necesarios para su puesta en libertad.
Por ello, esta comisión jurídica entiende que:
1. Deben ser investigadas en sede judicial las declaraciones previas a la manifestación
efectuadas por distintos responsables políticos disuadiendo a los ciudadanos para acudir a la
anterior, así como tachándolos de agitadores y vándalos.
2.- Deben ser investigadas en sede judicial las detenciones e identificaciones que de forma
masiva se han producido respecto a las personas que se trasladaban a Madrid en autobús para
participar en las Marchas de la Dignidad
3.- Deben ser investigada en sede judicial la actuación policial emprendida a las 20.40 horas
del día 22 de marzo en la plaza de Colon antes de concluir la manifestación, así como su
relación con la aparición en los noticieros de televisión de las 21h de estas cargas policiales y
los posteriores altercados producidos a raíz de dicha actuación policial.
4.- Deben ser investigadas en sede judicial la difusión de imágenes de supuestas armas
incautadas a los manifestantes que posteriormente se han demostrado falsas.
5.- Deben ser investigados en sede judicial los malos tratos recibidos por los detenidos en las
dependencias policiales, por sus familiares y por alguno de los abogados defensores actuantes.
Por todo lo anterior, este equipo jurídico ha recomendado a los organizadores de las Marchas
de la Dignidad 22M que se emprendan las correspondientes acciones legales para depurar
las anteriores responsabilidades, incluida en su caso la interposición de querellas criminales
contra los responsables de las mismas, por haber vulnerado la normativa aplicable a las
actuaciones policiales así como los derechos fundamentales de manifestación, reunión,
expresión, al honor, y a la participación en los asuntos públicos, estando a la espera de que las
organizaciones convocantes decidan las acciones a emprender.

¿Y ahora, qué?

Desde la puerta del Ministerio de Agricultura he visto, emocionado y expectante, la entrada en Madrid de miríadas de personas, de ciudadanos y ciudadanas que en columnas de marcha han dado en la capital de España el ejemplo que la mayoría de damnificados por este régimen de corrupción, injustica y violación de Derechos Humanos necesita: la unidad en la lucha.
Ante mis ojos han pasado banderas, símbolos clásicos y habituales en estas concentraciones pero también, y en número incontable, personas de edad avanzada portando carteles alusivos a la injusticia de las pensiones, el fraude de las preferentes, los desahucios, los despidos improcedentes, la permanente estafa de las eléctricas, el cáncer de la banca o la pérdida de futuro para sus familiares más jóvenes. Oyendo a unos y a otros he sabido de manifestantes que desde los rincones más alejados de España han llegado para participar, por primera vez en su vida, en esta grandiosa concentración que ha desbordado todas las previsiones.
Cientos y cientos de miles de personas han sido testigos de su propia fuerza; han constatado que existen y además que existen en la acción que los une, los acerca y los multiplica en su decisión de acabar con la indecencia moral que gobierna. Pero también contra el poder económico que está detrás de este andamiaje vacío, seco e inútil. Los que ayer nos manifestamos en Madrid nos constituimos en voluntad de construir el contrapoder que acabe con el robo, el cinismo, la indigencia moral y la permanente conculcación de la Ley y el llamado Estado de Derecho. Los que ayer nos manifestamos en Madrid lo hicimos en nombre de unos DDHH que ellos son incapaces de llevar a la realidad cotidiana de ciudadanos y ciudadanas. Los que ayer nos manifestamos en Madrid dejamos constancia de que aspiramos a una soberanía popular y nacional en todos los terrenos: económico y monetario, social, político y cívico. El 22 M puede ser el eje que marque un antes y un después en el devenir de la mayoría social. Pero para ello se hace necesario trabajar con la energía, la fuerza y los deseos de los y las manifestantes.
Lo primero que, a mi juicio, debe quedar claro para lo sucesivo es que la materia prima, el sujeto del cambio social existe y se manifestó como tal. Y ello se debió fundamentalmente a varias razones

1. La toma de conciencia de una mayoría social que soporta unas condiciones de vida impensables en el siglo XXI.
2. El insulto que supone para esa mayoría social el espectáculo de robos, de alta delincuencia organizada y enraizada en las instituciones, el posicionamiento de miembros de los tres poderes del Estado a favor de depredadores de fondos públicos y en general la evidencia de que se gobierna en favor de una minoría cada vez más favorecida en sus actividades de rapiña.
3. La inteligencia de fuerzas sociales, movimientos, plataformas de todo tipo en haber asumido que la unidad de la mayoría social, base sobre la que construir el futuro, es el objetivo al que deben supeditarse cuestiones adjetivas y secundarias de grupo, organización, o colectivo. Construir el poder de la mayoría social nos agrupa a todos en una acción de programas, metas, proyectos y actividades.

Tras el 22 M surge el interrogante ¿Y ahora, qué? A responder a esa pregunta y lo que ello conlleva dedico mis opiniones desarrolladas puntualmente:

• El 22 M evidenció, tal y como ya he comentado anteriormente, que el sujeto social del cambio existe y se evidenció inequívocamente.

• La siguiente marcha sobe Madrid solamente puede realizarse cuando estemos en condiciones de asegurar una asistencia que duplique a la del 22 M.

• Ese objetivo no puede conseguirse dedicando los esfuerzos directamente a ello. La futura marcha sobre Madrid debe ser la consecuencia natural de una necesidad y de una capacidad que se deriven de un trabajo múltiple de movilizaciones, sectoriales y territoriales llenas de contenido concreto y ligadas totalmente a las necesidades y problemas más inmediatos de la ciudadanía. Los esfuerzos didácticos y la primacía de lo concreto son reglas de oro.

• En el día a día que vaya generando mayor cohesión de la mayoría no pueden faltar las explicaciones, los actos informativos, la aportación de personas y grupos que por su capacidad y preparación están en condiciones de elevar el nivel de conocimiento y de conciencia de la mayoría a construir y ampliar incesantemente. No olvidemos que la mayoría es plural pero que en las actuales circunstancias de excepcionalidad tiene unas metas comunes entre sus integrantes muy amplias.

• El centrarse en lo inmediato, lo local o lo territorial debe ser perfectamente compatible con el sentido global y estatal de la construcción de la mayoría. Propuestas como la del impago de la deuda, la eurozona, etc. deben coexistir con otras de carácter general que afecten al territorio el Estado Español. Sugiero un breve repaso a los 16 puntos que el Frente Cívico explicitó en su momento y que considero de plena vigencia.

• El sentido global del movimiento y su cohesión creciente también se potencian con movilizaciones de carácter estatal. Hay toda una gama de actividades de entre la cuales quisiera sugerir algunas:

1. Boicots a productos, actividades, conmemoraciones, etc., de manera totalmente pacífica.
2. Acciones de resistencia pasiva.
3. Campañas informativas con la mayor profusión de métodos y actividades en torno a una propuesta común para todo el Estado.
4. Uso de los medios de comunicación propios y ajenos.
5. Campañas en torno a los DDHH y su obligatoriedad para los poderes públicos. Debe quedar claro para la opinión pública que buscamos el cumplimiento de la legalidad frente a quien gobernando no la cumple.
6. Etc.

La actividad en torno a opiniones estimulantes y necesarias para la inmensa mayoría irán creando las condiciones no sólo para la segunda marcha sobre Madrid sino para, a partir de ahí, empecemos a pensar en la desobediencia civil tal y como se contempla en el tercer considerando de la Declaración de DDHH.
Y quisiera terminar con una consideración acerca de los medios de comunicación y de la violencia.
Tras lo sucedido el 22 M y las informaciones que sobre él han dado los medios de comunicación han sido evidentes cuatro cosas:

1. Para vergüenza de esos medios (excepción de una minoría) la prensa extranjera ha sido mucha más imparcial y ha informado a sus lectores.
2. Queda claro que debemos usar y difundir las informaciones y comentarios de los medios alternativos de la red.
3. Ya es un hecho que en estos acontecimientos hay tres tipos de violencia: la de los violentos infiltrados, la de los violentos infiltrados por la oficialidad y la de la policía al extralimitarse en sus funciones.
4. Acusarnos de violentos es, además de una falsedad, una tontería. Si hubiésemos sido violentos, los 1700 policías desplegados habrían sido neutralizados en un santiamén. No digan estupideces.

          (Julio Anguita)

Éxito rotundo de la Manifestación en Madrid el 22M

Madrid, 22 de marzo de 2014

Las Marchas de la Dignidad 22M han conseguido inundar esta tarde el centro de Madrid con una masiva marea obrera y ciudadana. Dos millones de personas han abarrotado las calles de Madrid. Cuando la cabecera avanzaba por Cibeles, el Paseo de Recoletos y la Plaza Colón estaban completamente llenos de gente. En ese momento la cola de la manifestación aún no se había movido de Atocha.

A pesar de los obstáculos que el Gobierno ha ido poniendo en el camino para impedir el éxito de la movilización, se ha demostrado que “Sí se puede”, se ha demostrado que el pueblo no quiere más recortes, que no quiere pagar una deuda de los bancos a costa de los derechos sociales.

El 22M ha agradecido la extraordinaria acogida del pueblo de Madrid que se ha lanzado a la calle no sólo a aplaudir esta mañana a las diferentes columnas que se dirigían hacia Atocha sino que además se ha sumado masivamente a la manifestación.

Tras llegar a Colón la periodista Olga Rodríguez y el actor Willi Toledo leyeron el manifiesto de la marcha de la dignidad que planteaba superar este sistema que crea desigualdad y este régimen del 78 lleno de corrupción.

Tras la lectura del manifiesto, las diferentes intervenciones de las 10 columnas han puesto el valor la defensa de los derechos sociales y los servicios públicos, de un empleo decente, de la renta básica, del derecho a la vivienda y han criticado los recortes y exigido que se vaya el Gobierno del PP y todos los gobiernos que ejecutan las políticas de la Troika.

Tras las intervenciones se dio paso un acto musical amenizado por el cantaor Manuel Gerena y la Solfónica de Madrid.

Disturbios

Precisamente, sobre las 20.15 h., cuando comenzaba la actuación de la Solfónica se comenzaron a producir cargas policiales en la calle Génova. Dos o tres encapuchados, ajenos a la manifestación, que fue absolutamente masiva y pacífica, tiraron unos petardos cerca del cordón policial que protegía la sede del PP con el fin de provocar a la policía. El dispositivo policial en un ejercicio de inaudita irresponsabilidad profesional procedió entonces a cargar hacia Colón cuando se desarrollaba el acto final de la manifestación y con una plaza llena de familias.

A pesar de los reclamos que se le hizo desde la megafonía a la policía en el sentido de que estaba interfiriendo un acto legal, ésta continuó cargando en dirección hacia el Paseo de Recoletos que estaba completamente lleno de personas pacíficas que no tenían nada que ver con los cuatro provocadores parapoliciales de siempre. Asimismo, cuando aún no había concluido el acto, un nuevo dispositivo policial se desplazó desde la calle Jorge Juan para cortar en dos la manifestación, aislando por completo las miles de personas que seguían el acto en Colón de las decenas de miles que no habían podido llegar a Colón y que seguían avanzando por el Paseo de Recoletos.

Las marchas de la Dignidad 22M han responsabilizado a los mandos del dispositivo policial y a la Delegada del Gobierno de los disturbios ocurridos. Según manifestaciones de portavoces de la marcha: “no sólo no han protegido una manifestación legal, no sólo no han protegido los derechos fundamentales, como era su obligación, sino que han cargado de forma innecesaria y abusiva contra miles de personas pacíficas, interfiriendo un acto legal”.

La Sra. Cifuentes ha demostrado una vez más que no cree en las libertades y la democracia y ha organizado este montaje policial para justificar la represión e intentando convertir una movilización masiva y pacífica en un problema de orden público.

Nuevas instrucciones sobre aparcamientos, vehículos, etc.

http://marchasdeladignidad.org/informacion-autobuses/

Lugar de encuentro en Madrid

Compañeros/as,
en el siguiente enlace os mando el lugar en el que hemos quedado el FCSM para juntarnos a las 16:30 h. En concreto, es al final de la cuesta de Moyano esquina con Alfonso XII. Desde allí ya se verá a los compañeros de Madrid.
http://madrid.callejero.net/calle-de-alfonso-xii.html
Un saludo,
Jorge Alcázar. Frente y Sociedad.

Fotos 5ª etapa Columna Andaluza